La mañana del 18 de julio de 1994 una camioneta estacionada sobre la calle Pasteur en el barrio porteño de Once explotó con violencia. El objetivo del coche bomba fue la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA); el resultado, 85 muertos y más de 200 heridos. La carga explosiva destruyó por completo el frontis de la mutual israelita, y sin duda levantó una nube de polvo que hoy, 20 años después, no termina de disiparse. 

A la oscuridad y la confusión que ha rodeado desde un principio a la investigación sobre la AMIA se ha sumado en estos días lo sucedido con el fiscal que llevó la causa durante los últimos diez años, Alberto Nisman. El domingo por la noche, Nisman fue encontrado muerto en su departamento del piso 13 de la torre Le Parc, ubicada en el exclusivo barrio bonaerense de Puerto Madero. El cadáver del fiscal se encontraba en el interior del departamento, cuyas cerraduras no habían sido forzadas, con un tiro en la sien. Las primeras investigaciones señalan por un lado que “no hubo participación de terceros” en la muerte del funcionario y por el otro, contradiciendo lo anterior, que no se han encontrado los rastros de pólvora característicos de un suicidio en las manos de la víctima.

La misteriosa muerte del fiscal que por diez años investigó el atentado de la AMIA basta por sí sola para acaparar las primeras planas noticiosas. El que esta muerte se produzca a menos de 24 horas de la presentación que Nisman debía hacer, frente a una comisión del Congreso de la República, para validar las recientes acusaciones que había lanzado contra la presidenta argentina Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman y miembros de primera línea del gobierno y su partido, ha logrado convertir la noticia en un hecho global.

El día de ayer varios miles de personas se reunieron frente a la Casa Rosada con carteles que iban desde el muy contemporáneo #JeSuiNisman hasta el menos sutil #CFKasesina.

La semana pasada, luego de volver intempestivamente de sus vacaciones en España, Nisman había lanzado una denuncia explosiva: la Presidenta Fernández junto a una serie de miembros de su partido y del gobierno, había negociado con Irán en el 2013 un memorando que contenía un acuerdo secreto. Dicho acuerdo implicaba la impunidad de los supuestos autores del atentado a la AMIA, a cambio de petróleo que recibiría la Argentina en condiciones preferenciales.

Sin embargo, la explosiva denuncia de Nisman perdió rápidamente altura. La jueza Servini se negó a levantar el feriado judicial para admitir la acusación de Nisman, alegando falta de pruebas, y el juez a cargo del atentado de la AMIA criticó al fiscal por presentar la denuncia en un juzgado distinto al que investiga el encubrimiento del atentado (presuntamente hecho por el ex Presidente Menem y otras personas). Además, el canciller Timerman (uno de los acusados) y el ex jefe de la Interpol, Robert K. Noble, tiraron por el suelo uno de los puntos centrales de la acusación del hoy fallecido fiscal: que el gobierno argentino había presionado a la Interpol para retirar la alerta roja sobre los principales sospechosos por el atentado de la AMIA. No lo hizo, han dicho.

Sin embargo, como todo en lo relacionado con el caso de la AMIA, lo que vemos es solo un juego de espejos donde mentiras y medias verdades se intercambian. Antes de conocerse la muerte de Nisman, varios periodistas, incluidos opositores al gobierno, señalaban la debilidad de las acusaciones y la cercanía del fiscal a los servicios de inteligencia argentinos. Ciertamente uno de los vectores que deben tomarse en cuenta en esta danza macabra es el relevo en diciembre pasado de un conjunto de operadores de la inteligencia argentina, entre ellos el hasta ese momento todopoderoso jefe de la contrainteligencia, Antonio Stiusso.

Stiusso entró a trabajar en la inteligencia argentina antes de que se produjera el golpe de 1976 y sobrevivió a todos los gobiernos desde entonces. Los secretos y el poder acumulado durante las casi cuatro décadas lo convirtieron en uno de los actores centrales del juego político argentino. Y hay quienes leen en la denuncia de Nisman contra la Presidenta una venganza de estos sectores de la inteligencia argentina por el relevo de Stiusso. Su salida en diciembre último se ha interpretado como una decisión del gobierno de reformar este sector del Estado, con el cual convivió y del cual, según algunos, se ha servido durante varios años.

El desembarco de los jefes de facto del servicio de inteligencia argentino se produjo luego de una escalada entre estos y el gobierno. Ya en anteriores oportunidades se ha acusado a dichos servicios de actuar bajo intereses de sucesivos gobiernos (incluido el actual) para la obtención y fabricación de pruebas contra enemigos políticos. Algunos señalan que Stiusso y otros de los que salieron de la Secretaría de Inteligencia se habían decantado ya a favor de fuerzas políticas adversarias del gobierno, de cara a las próximas elecciones. Este hecho, junto a sus acciones por la libre, habrían apurado la decisión de la presidenta de reformar el delicado sector de inteligencia.

Hasta el momento en que estas líneas se escriben, la muerte de Nisman sigue sumergida la bruma, pero ya no la del polvo que se levantó después de la explosión de aquella camioneta modelo Trafic 20 años atrás, sino la causada por los poderes que buscan usar en su beneficio la tragedia de todo un país. Es muy probable que, al igual que la causa que investigaba, la muerte de Nisman entre en esa nube de polvo para nunca más salir.